Brasil ha expulsado a casi todos los mineros de oro ilegales del territorio yanomami, su reserva indígena más grande, y expulsará a los mineros de seis reservas más este año, dijo el martes el jefe de la nueva división de delitos ambientales de la policía federal.
La policía está estableciendo nuevas bases en la selva amazónica y está buscando cooperación internacional para hacer cumplir la ley en la región, incluido el desarrollo de tecnología de radioisótopos para probar el origen ilegal del oro incautado, dijo Humberto Freire a Reuters.
Freire es el director del recién creado Departamento de Medio Ambiente y Amazonía de la Policía Federal, marcando lo que llamó una nueva era en la lucha contra los delitos ambientales y en defensa de los pueblos indígenas de la selva tropical.
Sumándose a la urgencia de los primeros meses del mandato del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, el gobierno declaró en enero una crisis humanitaria en el territorio yanomami.
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El territorio había sido invadido por miles de mineros de oro que amenazaban a las comunidades con armas de fuego, provocaban la deforestación, propagaban la malaria, contaminaban los ríos y ahuyentaban la caza salvaje, lo que provocó desnutrición y cientos de muertes.
“Todavía tenemos algunos focos de mineros que resisten escondiéndose en algunas áreas, así que estamos recorriendo el territorio yanomami con cuidado”, dijo Freire en una entrevista.
Cientos de campamentos ilegales
Las operaciones policiales respaldadas por imágenes satelitales y fotografías aéreas han destruido 250 campamentos mineros, muchos de los cuales ya estaban desiertos, y 70 balsas de dragado, junto con lanchas rápidas y aviones, dijo. La policía incautó unos 4,500 litros de combustible y 1.2 kilos de oro, agregó.
La policía encontró y luego liberó a por lo menos 805 mineros y 94 botes en los ríos, pero la mayoría huyó antes de la operación de desalojo.
La policía no se centró en arrestar a los mineros, dijo Freire, sino que incautó o bloqueó 68 millones de reales (US$13 millones) de recursos pertenecientes a los acusados de financiar a los mineros ilegales, mientras desmantelaba una red de prostitución que llevaba a niñas menores de edad a los campamentos mineros.
Los mineros ilegales han devastado durante años territorios naturales de la Amazonía. – Foto AFP/Phys
Junior Hekurari, jefe del consejo local de salud indígena, estimó que el 85% de los mineros de oro habían abandonado o habían sido expulsados de la reserva del tamaño de Portugal, que se extiende a lo largo de la frontera norte de Brasil con Venezuela.
Dos meses después de que el gobierno declarara el estado de emergencia, Hekurari dijo a Reuters que la respuesta del gobierno aún carece de personal y helicópteros para hacer frente a la magnitud de la emergencia sanitaria entre los yanomami.
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El gobierno brasileño también está estudiando nuevas leyes para acabar con la minería ilegal de oro, que representa aproximadamente la mitad del oro brasileño que el país exporta a países como Suiza y Gran Bretaña.
Una propuesta destinada a tomar medidas enérgicas contra el oro lavado requeriría recibos de impuestos electrónicos para la compra y venta del metal precioso.
La policía también adoptó una tecnología que utiliza isótopos de radio para identificar dónde se extrae el oro, incluso después de que se haya fundido en barras, dijo Freire. Su personal espera tener delimitadas las principales áreas productoras de oro de Brasil para fines de este año.
Freire dijo que Brasil también está preparando una base policial internacional para la Amazonía con los países vecinos.
También planean inaugurar el una comisaría flotante en Atalaia do Norte, en el río donde el periodista británico Dom Phillips y el experto indígena brasileño Bruno Pereira fueron asesinados el año pasado por pescadores.
Este texto apareció originalmente en Climate Change News, puedes ver el original en inglés aquí.
