En el marco de la cuarta revisión del acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y la República Argentina, FARN, Recourse, Latindadd, Fundación SES y el CELS junto a numerosas Organizaciones de la Sociedad Civil de Argentina, América Latina, África, Europa y América del Norte emitieron un comunicado enfatizando que las políticas del organismo son adversas en términos de adaptación y mitigación al cambio climático.Allí señalan que la falta de alivio de deuda a países como la Argentina limita su espacio de diseño de políticas climáticas, y que las políticas de reducción de las erogaciones destinadas a programas sociales, subsidios a la tarifa energética e inversión pública que prescribe el organismo llevan a que las inequidades socio-económicas del país se profundicen.
El Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI) acordaron recientemente la revisión de las metas en el marco del Acuerdo de Servicio Ampliado aprobado en marzo de 2022 por el Directorio del organismo. Este acuerdo tenía como objetivo refinanciar al gobierno argentino para que pudiera cumplir con los pagos acordados en el Acuerdo Stand-by de 2018 –el préstamo más grande en la historia del organismo– por $57.100 millones de dólares. Su principal objetivo consiste en garantizar la estabilidad macroeconómica, principalmente a través de la reducción de los subsidios energéticos a la demanda y del gasto social.
Si bien el FMI reconoce la criticidad del cambio climático, la última revisión del Acuerdo genera obstáculos al cumplimiento de los objetivos de mitigación y adaptación de la Argentina en materia de cambio climático, a la vez que hace recaer el costo de esta crisis en los sectores más vulnerables a nivel social y económico.
Las actividades con mayores impactos socioambientales, como la extracción de hidrocarburos, la agroindustria y la minería a gran escala, representan el 67% de las exportaciones argentinas en 2022 y son grandes generadoras de emisiones de gases de efecto invernadero con un impacto negativo en las metas de adaptación. La contradicción entre los compromisos de política climática de la Argentina y las condicionalidades derivadas del acuerdo con el FMI resaltan la necesidad de una evaluación exhaustiva de los costos fiscales de la crisis climática en la cuarta revisión del Acuerdo de Servicio Ampliado de la Argentina y el FMI.
Junto a más de 25 organizaciones de América Latina, África, Europa y América del Norte que trabajan sobre políticas ambientales y derechos humanos, Fundación SES, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Latindadd y Recourse llamaron al FMI a incorporar las recomendaciones del último informe del IPCC en su marco de trabajo. El informe explica la alta probabilidad de cumplir los objetivos del Acuerdo de París si se aumentan los esfuerzos para garantizar un financiamiento justo y equitativo para la mitigación y adaptación.
Desde las organizaciones expresan que se han remitido a un análisis de las políticas climáticas del organismo dado que este comienza a involucrarse y ofrecer prescripciones sobre esta la temática en documentos y comunicados. La historia de la vinculación del organismo con la Argentina e incluso un estudio exhaustivo sobre la legitimidad y legalidad de la deuda renegociada merece un análisis mucho más profundo.
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